El llamado corralito mutual restringe la libertad de elección del prestador de salud, funciona para que los adscriptos a la seguridad social, es decir con empleo formal, tengan que permanecer por un determinado tiempo asociados a un prestador de salud, sea público o privado. Su restricción es relativa porque estando el corralito cerrado un usuario puede cambiarse en cualquier momento al prestador público (ASSE), o a un seguro privado. Seguros promocionados por el Frente Amplio que establecen el paradigma máximo de la mercantilización de la salud para ensanchar la brecha de calidad de los servicios, donde acceden solo los que puede costear una elevada cuota (aunque sean socios FONASA).
Este breve esbozo del sistema de elección del prestador es simplemente para traer la idea de que esto es solamente una parte del Sistema desintegrado de salud (como debería de llamarse). A este esquema le falta la asistencia sanitaria que proveen los ministerios del Interior y Defensa, además de los convenios particulares por fuera del FONASA que suscriben las intendencias de todo el país.
Este problema de tener el sistema desintegrado provoca grandes ineficiencias ya que hay usuarios con doble cobertura, es decir pueden estar adscriptos a sanidad policial o militar por un familiar directo y además ser aportantes al FONASA por el empleo propio.
El paradigma del sistema de salud que se adoptó hace muchos años es el alemán, que se vale de la seguridad social para vincular al usuario al sistema. Es cierto que para los no cotizantes ya sea por estar fuera del mercado laboral y no tener vinculo con un familiar directo en actividad, la salud pública ha experimentado mejoras por un fuerte incremento presupuestal.
Parece un buen momento ahora, que se discute una Ley de Urgente Consideración, introducir propuestas para mejorar las ineficiencias del sistema. En primer lugar, hay que celebrar el sistema que se incorporó para el cambio de prestador. Desconozco si técnicamente funciona con tecnología blockchain, que daría mayores garantías. Pero es acertado que se tenga que hacer de forma presencial con autorizaciones biométricas ya que obliga al interesado a realizar el trámite.
El diseño institucional actual le da al BPS la administración del fondo, juega negativamente a resolver el problema porque la base de la información radica en la seguridad social y no, por ejemplo, en el registro de identificación civil. Además, el BPS no se considera una entidad de intermediación financiera, por lo que escapa a los controles regulatorios del Banco Central.
Posiblemente la alternativa racional surja yendo al origen de los sistemas de salud, es decir tener en cuenta su carácter de seguro. Por tanto, parece una alternativa razonable trasladar la gestión del FONASA a una nueva unidad dentro del BSE. Esta debería administrar el FONASA, pero además los fondos que se constituyen en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior a los efectos asistenciales, tampoco debería dejar afuera a los usuarios sin cobertura, otorgándoles un reconocimiento y pudiendo así capitarlos para integrarlos al sistema ASSE con mayor información y transparencia.
El diseño debería responder a una necesidad básica que es la correcta identificación de las personas con el fin de evitar dobles coberturas, por lo que en el caso de los usuarios llamados NO FONASA su adscripción es automática y obligatoria a ASSE, para los funcionarios de los ministerios mencionados su adscripción debe ser por defecto al prestador que tenían pero con la opción de movilidad hacia el FONASA, en tanto los familiares de estos deberán optar por una cobertura, en caso de tenerla por su propia adscripción a la seguridad social u optar por el sistema que prefiera. No se cambiarían los porcentajes de aporte en una primera integración, debiendo ajustar con el tiempo para evitar ineficiencias en el sistema.
Los funcionarios de los Gobiernos Departamentales, también deberán ser participes de esta solución, que no implica la mancomunación de los fondos, sino que todos estos se resguarden de forma centralizada con un control y regulación del Banco Central. Esto da por un lado seguridad al sistema y permite que el BSE pueda invertir excedentes según lo determine la regulación que entienda el legislador.
Bajo esta solución es relativamente sencillo crear un sistema único que nuclee la afiliación y opción de cobertura, bastando con que el usuario se presente ante el prestador de su preferencia, suscribiendo un contrato digital con el registro de patrones biométricos. Adicional a esto, la tecnología blockchain presenta una alternativa segura, que termina de forma permanente con la intermediación lucrativa ya que el interesado se presenta en la institución de preferencia y el contrato de asistencia que suscribe es único e inalterable. Claramente en esta parte de la propuesta, es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento quien tiene potestad regulatoria y puede prestar la solución.
Presumiblemente esta solución pueda integrarse y coexistir óptimamente con la Historia Clínica Electrónica y la Receta Electrónica. También es posiblemente una solución eficiente en la cual basar nuevos sistemas de información centrados en el usuario, claramente respetando las regulaciones en torno a la privacidad y derecho de los datos.
Para que no seamos como animales que podemos movernos solo cuando la voluntad de otro es favorable, debemos invertir en mejorar los sistemas de información y mejorar la coordinación de la administración de los fondos. Es después de esto, que el espíritu de libertad que inspira al sistema se verá realizado.
