Estamos a una semana de que la URSEA publique un nuevo informe de Precios de Paridad de Importación (PPI), en medio de un debate entreverado. Aunque los precios internacionales del crudo muestran una leve moderación, están lejos de retroceder a niveles cómodos. La realidad global sigue muy compleja, el último informe Energy Mix de la Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte que las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo récord debido a pérdidas críticas en el suministro.
El foco de tormenta está en Medio Oriente. Tras más de diez semanas de conflicto, las restricciones en el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz han paralizado más de 14 millones de barriles diarios. Esta crisis de suministro sin precedentes ya acumula pérdidas de más de 1.000 millones de barriles para los productores del Golfo, golpeando con dureza a sectores como la aviación y la petroquímica. La AIE prevé que este entorno económico deteriorado y las medidas de ahorro seguirán deprimiendo el consumo mundial en los próximos meses.
En Uruguay, el impacto de este shock externo se siente directo en el aparato productivo, abriendo una discusión delicada. Ante la presión alcista de los combustibles, han surgido voces que plantean retirar los beneficios fiscales a la movilidad eléctrica como una vía para mitigar los aumentos en el surtidor, especialmente el gasoil.
Sin embargo, esta propuesta choca de frente con la realidad del mercado y la estrategia país. Aunque la venta de vehículos eléctricos viene mostrando un dinamismo interesante en los últimos años, la realidad es que la penetración real en el parque automotor apenas araña el 2%. Estamos ante un mercado, que todavía necesita de los estímulos fiscales para mitigar el alto costo de la inversión inicial. Retirar los incentivos ahora equivale a asfixiar una tendencia antes de que logre escala.
Pero el riesgo va más allá de lo comercial; es un retroceso en la política de Estado. Uruguay se encuentra en plena segunda transición energética, el gran desafío actual es descarbonizar la demanda, donde el transporte y la industria representan los mayores focos de consumo de petróleo importado.
Frenar este impulso no solo desacelera la soberanía energética, sino que pone en jaque los compromisos internacionales de reducción de emisiones que el país asumió y que sostienen nuestra reputación verde en el exterior. Financiar la urgencia de los combustibles fósiles desmantelando los incentivos de la electromovilidad es un contrasentido, es castigar la única alternativa real que tenemos para dejar de ser rehenes de crisis globales como la del Estrecho de Ormuz.
