Luces amarillas en la democracia uruguaya habilitan una regeneración democrática

Permítame, compartir una lectura política de los datos del Monitor Zigma de marzo de 2026 que considero necesaria. No es una lectura neutral —ninguna lo es realmente—, pero sí es una lectura informada por décadas de análisis de opinión pública y gestión institucional en Uruguay que permiten afirmar que luces amarillas en la democracia uruguaya habilitan la discusión de una regeneración democrática.

ℹ️ Si tiene interés de acceder al Informe completo póngase en contacto con Zigma. Todos los datos citados en esta nota pertenecen a dicho informe. Puede acceder al artículo publico sobre Ministerios. 

Uruguay tiene una democracia sólida, con instituciones que han resistido crisis económicas, políticas y sociales que derribaron gobiernos en países vecinos. Esa solidez no es gratuita: es el resultado de un entramado de prácticas, normas y culturas políticas que han funcionado. Pero los sistemas políticos sanos no son aquéllos que no tienen problemas, sino aquéllos que reconocen sus problemas a tiempo. Y hoy hay señales que merecen atención.

El 79,3% de los uruguayos está de acuerdo con que el ciclo electoral es demasiado largo, el nivel de descreimiento implícito en la demanda de renovación y límites de mandato, y la distancia creciente entre ciudadanía e instituciones de segundo nivel —el 65,3% no recuerda el nombre de ningún subsecretario— son, en conjunto, una primera luz amarilla. No es una luz roja. No estamos ante una crisis de legitimidad aguda. Pero sí ante una señal que en otros países fue ignorada hasta que se convirtió en crisis.

Hay algo más que vale la pena nombrar y que los datos de esta edición del Monitor permiten entrever, aunque no fue objeto explícito de la encuesta. Uruguay está viviendo algo que no había ocurrido del mismo modo antes: el Frente Amplio está gobernando en condiciones desfavorables. No me refiero únicamente a un entorno económico global adverso o a las presiones fiscales. Me refiero a que por primera vez la ciudadanía está en condiciones de evaluar a todos los partidos que han gobernado en circunstancias difíciles.

Durante los primeros gobiernos del Frente Amplio, la bonanza de los commodities facilitó un ciclo de crecimiento extraordinario que permitió financiar políticas sociales expansivas. La Coalición Republicana, en cambio, gobernó entre 2020 y 2025 en medio de una pandemia global, restricciones fiscales y un entorno externo adverso. Esas condiciones siempre funcionaron como variable de confusión en la evaluación ciudadana de la gestión. Hoy, por primera vez, el electorado puede ver el abanico completo: todos los partidos principales han gobernado y todos lo han hecho en alguna combinación de condiciones favorables y adversas.

Esto tiene consecuencias políticas que van más allá del ciclo electoral inmediato. Si el Frente Amplio enfrenta dificultades económicas o de gestión, la Coalición Republicana podría presentarse como una alternativa que —con legitimidad renovada por su paso por el gobierno— ofrece algo así como una esperanza de recuperación. Pero esa esperanza tiene un límite estructural que ambos bloques deberían comprender: las condiciones externas no dependen de quién gobierna. El precio de la soja, la tasa de interés de la Reserva Federal, la demanda china de alimentos o el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria son variables que ningún gobierno uruguayo controla. La ciudadanía lo sabe, aunque no lo articule en esos términos. Y cuando lo sabe, la promesa electoral de mejora económica tiene rendimientos decrecientes como argumento de persuasión.

En ese contexto, los partidos que logren anticiparse a esta dinámica tendrán ventajas estratégicas reales. Anticiparse significa no esperar a que el descreimiento se profundice para proponer reformas, sino utilizarlo como señal temprana para impulsar un proceso de lo que propongo llamar regeneración democrática.

Regeneración democrática: por qué las reformas electorales son insuficientes

Cuando aparecen signos de descreimiento y de posible degradación de la legitimidad política, la respuesta casi automática es proponer reformas electorales. Los datos de esta edición del Monitor muestran que hay demanda ciudadana en esa dirección: modificaciones al formato de las internas, límites de mandato, segunda vuelta en intendencias. Esas demandas son legítimas y merecen respuesta.

Pero la regeneración democrática auténtica exige más que reforma electoral. Requiere revisar las estructuras del poder político con la madurez de reconocer que algunas instituciones ya no cumplen las funciones para las que fueron diseñadas, o que las cumplen con una eficiencia y visibilidad que no se corresponde con su costo institucional y económico. No se trata de un debate ideológico sobre el tamaño del Estado, sino de una reflexión técnica y política sobre qué sirve, qué no sirve y qué puede mejorarse.

A continuación, presento un conjunto de reformas concretas que considero viables, necesarias y coherentes con ese concepto de regeneración. Las organizo en tres niveles: reformas posibles sin reforma constitucional, reforma del poder ejecutivo nacional y reforma electoral y subnacional.

Reformas posibles sin reforma constitucional

El Estado uruguayo cuenta con 14 ministerios, la percepción ciudadana va hacia la reducción, no hacia la expansión. La creación de un Ministerio de Justicia, impulsada por el gobierno actual, choca de frente con ese humor de la opinión pública. La reducción y el reordenamiento burocrático no requieren reforma constitucional y pueden ser abordados por la vía legislativa ordinaria. Racionalizar el aparato ministerial, reducir duplicaciones funcionales y concentrar capacidades en órganos con masa crítica son medidas que pueden ejecutarse con voluntad política y que no requieren reforma constitucional.

En la misma línea, la revisión de la naturaleza y dimensión de los directorios de las empresas del Estado es una reforma con amplio consenso ciudadano —el 84,8% apoya la reducción de cinco a tres miembros— que tampoco requiere reforma constitucional, aunque sí legislación específica. No se trata de privatizar ni de debilitar el rol estatal en sectores estratégicos, sino de hacer más eficiente y transparente la gobernanza de esas empresas.

Reforma del Poder Ejecutivo: jefatura de gabinete y visibilidad institucional

Una reforma que considero importante es la eliminación de la figura del Subsecretario de Estado en su configuración actual. No es un problema de comunicación, sino de diseño institucional: los subsecretarios tienen poca o ninguna función asignada con claridad, operan como una segunda jerarquía difusa, y consumen recursos políticos y presupuestales sin aportar visibilidad ni rendición de cuentas pública.

La alternativa que propongo es reemplazar esa figura por una Jefatura de Gabinete en cada ministerio, al mismo nivel que los Directores Generales de Secretaría. Esta jefatura tendría a su cargo las funciones políticas de coordinación del ministerio, mientras los Directores Generales de Secretaría se concentrarían en las funciones administrativas. En caso de ausencia del ministro, el Jefe de Gabinete lo sustituiría, manteniendo la posibilidad actual de que un ministro suplante a otro.

Bajo esta lógica, el Jefe de Gabinete Ministerial se constituye como el jerarca de particular confianza encargado de la conducción estratégica de la Secretaría de Estado. A diferencia de la ambigüedad que hoy presentan los Subsecretarios, este rol actúa como el brazo ejecutor o Delivery Lead del Ministro, asumiendo la responsabilidad directa como único interlocutor ante la Unidad de Delivery del Poder Ejecutivo. Su función primordial radica en la articulación de los objetivos programáticos con la operativa de las direcciones sustantivas, transformando la visión política en resultados medibles y removiendo los bloqueos institucionales que suelen estancar la gestión pública.

Esta reconfiguración establece un sistema de rendición de cuentas (accountability) vertical, ante el retraso de un proyecto prioritario, la responsabilidad no recae sobre el técnico de carrera, sino sobre el Jefe de Gabinete, quien posee la autoridad política para exigir resultados a las distintas reparticiones del Ministerio. Al separar nítidamente la gestión administrativa —reservada al Director General de Secretaría— de la ejecución estratégica, la estructura ministerial se alinea con modelos de gestión pública modernos y exitosos, como los de Australia y el Reino Unido, garantizando el cumplimiento de las prioridades transversales del Gobierno.

Otra alternativa y atado a la reducción de carteras, es jerarquizar las direcciones nacionales en viceministerios o subsecretarias específicas, en este formato podría ser quien ocupa la DGS que supla al Ministro ante su ausencia, aunque no es incompatible con incorporar la figura del Jefe de Gabinete.

Reforma electoral: candidaturas múltiples y eliminación de la fórmula

La reforma electoral posible implica un replanteo de fondo del mecanismo de selección de candidatos. La propuesta parte de reconocer que las elecciones internas en su diseño actual generan un ciclo excesivamente largo y no producen los incentivos de deliberación interna que originalmente justificaron su implementación en 1996.

La alternativa sería volver a un sistema de candidaturas múltiples por partido, con hasta tres candidaturas presidenciales habilitadas en cada lema, elegidas por las convenciones partidarias con umbrales de mayoría necesarios para su habilitación. La pregunta evidente es: si no hay internas, ¿cómo se integran esas convenciones? La respuesta es simple e inteligente: se integran a partir de los votos obtenidos en las elecciones nacionales de octubre, ordenando a los candidatos que figuren en las listas de diputados como convencionales de sus partidos, con mandato por el período completo. El número de convencionales se mantendría en 500. En el interior del país, donde las circunscripciones son más pequeñas, las listas de diputados serían más amplias para garantizar la representación.

Con candidaturas múltiples, la figura de la fórmula presidencial se vuelve inconveniente, porque diseñaría una segunda elección implícita dentro de la elección. La solución que propongo es eliminar la elección directa del Vicepresidente: el cargo, o la responsabilidad que este cargo conlleva sería ocupado por el primer senador de la lista más votada del lema más votado del partido del presidente. Para evitar problemas de relacionamiento político, esa lista debería ser la lista del propio candidato presidencial.

Por lo que el cargo de Vicepresidente como tal, deja de existir. La línea de sucesión presidencial comenzaría en el primer senador, quien presidiría el Senado —ampliado a 31 miembros para reflejar la nueva lógica— y la Asamblea General. Esta reforma profundiza la separación entre el ejecutivo y el legislativo, dotando al Senado de una presidencia más claramente arraigada en la representación parlamentaria.

Reforma subnacional: segunda vuelta, proporcionalidad y límites de mandato

La reforma más urgente en el nivel departamental es la que recoge mayor consenso ciudadano en esta encuesta. El 57,5% apoya limitar la reelección inmediata de los intendentes, guardándola coherencia con la elección nacional. Esta reforma es simple, constitucional y políticamente viable, aunque algunos intendentes en ejercicio la resistirán. Es la señal más clara que el electorado envía sobre la demanda de renovación.

La introducción de la segunda vuelta en las elecciones de intendentes genera, en cambio, más debate político. Los datos muestran una sociedad dividida —exactamente 50,1% a favor y 49,9% en contra—, con una dimensión estratégica evidente para cada bloque. Pero la segunda vuelta tiene una virtud estructural más allá del cálculo electoral: obliga a los candidatos a construir mayorías más amplias y genera mayor pluralismo en el sistema de partidos departamental. Este esquema puede extenderse a la elección municipal.

La desaparición de la mayoría automática en las Juntas Departamentales —hoy el partido ganador recibe automáticamente 16 de 31 ediles— es la reforma que genera mayor apoyo. La sustitución por representación proporcional desafía al intendente a generar acuerdos para gobernar, lo que es estructuralmente sano para la democracia departamental, aunque políticamente más exigente.

Finalmente, la reforma más resistida en el sistema político pero aclamada en el electorado, el límite absoluto de períodos como intendente a lo largo de toda la vida. Los argumentos en contra son conocidos, restricción de la libertad de los ciudadanos a ser candidatos, riesgo de desprofesionalización de la política local. Son argumentos que merecen consideración. Sin embargo, la señal del electorado es clara, y el margen de períodos que se puede establecer —posiblemente cuatro o cinco— es amplio como para que no haya un costo de profesionalización excesivo, teniendo en cuenta además que la reelección inmediata ya no existiría.

Los datos son el punto de partida. Las reformas, la conversación que debemos tener.